Cuando un trabajador es despedido, es muy probable que queden cuentas por hacer. La nómina del mes, las vacaciones no disfrutadas, las horas extra…
Todo ello se refleja en el documento de liquidación, más conocido como finiquito. Se regula en el Estatuto de los Trabajadores y recoge todas las deudas laborales que existen cuando se produce el despido.
Si un despido es calificado por el juez como procedente, quiere decir que la empresa ha puesto fin a la relación laboral de manera unilateral, pero ajustándose a los requisitos que exige la ley.
Lo contrario son los despidos improcedentes o nulos, que no se ajustan a derecho, no están justificados o son discriminatorios.
Cuando se da un incumplimiento grave y culpable de un trabajador respecto de sus obligaciones, la empresa puede decidir su despido con carácter disciplinario.
Así, el empresario decide poner fin a la relación laboral con ese trabajador que incumple gravemente y de forma reiterada sus obligaciones laborales.
La cuestión que se plantea en este caso es: ¿tiene derecho el trabajador despedido a cobrar el paro o prestación por desempleo?
El despido por causas objetivas, más conocido como despido objetivo, se encuentra regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Se produce cuando el empresario decide prescindir del trabajador por razones o circunstancias que son ajenas a su voluntad.
Todos sabemos lo que implica un despido: es la decisión unilateral por parte de la empresa de dar por terminada la relación laboral con el empleado. No obstante, existen varias clases de despido, y no todos tienen las mismas consecuencias.
El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) se encarga de recoger y tramitar las llamadas papeletas de conciliación.
En estos centros, distribuidos por todas las Comunidades Autónomas, tienen lugar los actos de conciliación entre las partes de un conflicto laboral, que preceden a los actos en sede judicial.
El SMAC en A Coruña, concretamente, se ubica desde 2020 en Travesía Victoria Fernández España, 1, 15002, A Coruña.
Se denominan salarios de tramitación a aquellos que el empresario debe asumir en el caso de que se produzcan determinadas reclamaciones de sus empleados.
De esta manera, se trata de compensar las mensualidades que el trabajador habría percibido si hubiera estado trabajando. Asimismo, se busca evitar una reclamación en sede judicial.
El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es el procedimiento al que pueden acudir determinadas empresas cuando atraviesan una situación de crisis.
A través de este mecanismo excepcional, obtienen la autorización para tomar decisiones que afectan directamente a sus trabajadores. Por ejemplo, la suspensión temporal de los contratos o la reducción de horarios.
Cuando hablamos de despidos colectivos, nos referimos a los despidos que afectan de manera simultánea a una parte importante de la plantilla.
En torno a esta figura existe una regulación específica y unos criterios establecidos, necesarios para poder etiquetar a un despido como despido colectivo.
Con la entrega del finiquito, la empresa está formalizando el fin de su relación laboral con el trabajador. Lo ideal, sin duda, sería que todos los despidos o bajas voluntarias acabasen de manera amistosa. Sin embargo, esto no siempre sucede, y es en estos casos en los que el empleado se puede plantear demandar a la empresa por impago del finiquito.
No es poco habitual que, primero, se intente solucionar el problema mediante llamadas de teléfono o emails. Pero, si esto no surte efecto, es importante saber que existen determinadas vías legales para reclamar el finiquito pendiente de cobro.
Por supuesto, se puede denunciar a la empresa por impago del finiquito, pero antes es recomendable agotar la vía extrajudicial.
